¿CÓMO ACTUAR FRENTE A LOS IMPAGOS EN LA COMPRAVENTA DE MERCANCÍAS?

La morosidad en los pagos, deviene una de las problemáticas más habituales en la cadena de suministro, que genera una de cada cuatro situaciones de insolvencia de las empresas con sede fiscal en la Unión europea.

Esta problemática, no solo afecta a la viabilidad financiera de las empresas transportistas, fabricantes y exportadoras sino también se extiende como una mancha de aceite afectando a proveedores y resto de servicios asociados. Es por ello que, en el presente artículo propondremos algunas líneas de actuación para prevenirlos y cómo actuar frente a estos.

¿QUE PLAZO DE PAGO MARCA LA LEY?

En atención a la Directiva europea 2000/35/CE el plazo general de pago es de 30 días naturales desde que se efectúen los servicios o se reciban las mercancías sin que en ningún caso puedan superar los 60 días.
Esta directiva ha sido traspuesta en los estados miembros para su integración mediante la correspondiente normativa nacional, en el caso de España mediante la Ley 3/2004, de 29 de diciembre que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

¿NUESTROS CONTRATOS PUEDEN ESTABLECER PLAZOS DISTINTOS?

Dentro de este contexto deberemos atender a los plazos fijados contractualmente, de esta forma se estará a lo acordado entre las partes en el contrato o acuerdos correspondientes, si bien en ningún caso podrán superar los estándares mínimos fijados por ley, es decir los 60 días.
Por lo que cualquier cláusula que fije un plazo superior será susceptible de considerarse nula y no desprender efecto alguno.

¿COMO EVITAMOS LOS IMPAGOS?

Independientemente de las causas y circunstancias que provoquen el impago, la mejor estrategia y solución para evitarlos pasa por mantener una actitud preventiva y realizar una pequeña evaluación de riesgo previa siempre que no podamos efectuar la operación mediante pre-paid (pago previo):

En primer lugar, evaluar la solvencia y reputación del potencial cliente antes de contratar.
Existen registros públicos y privados que pueden ofrecernos una información valiosa al respecto., En el caso de España podemos acudir al Registro público concursal para conocer si la empresa se encuentra en situación de insolvencia o valorar el estado de cuentas anuales del Registro Mercantil.

En segundo lugar, fijar contractualmente las consecuencias del incumplimiento o el retraso en el pago mediante clausulas penales que valoren este perjuicio (penaltis económicos).

En tercer lugar, fijar en el correspondiente contrato una cláusula sometimiento jurisdiccional en caso de conflicto, al tribunal que más nos convenga. En este caso suele ser recomendable que el tribunal al que nos sometemos contractualmente, coincida con el país donde se encuentra la sede fiscal de nuestra empresa, y en caso de tener varias sedes, en el lugar donde se encuentre la matriz o centro principal de intereses económicos.

Por último y no menos importante, constituir garantías previas como el crédito documentario, en el que una entidad financiera garantizará el riesgo de la operación, aunque también cabe la posibilidad de constituir de avales y depósitos bancarios para ofrecernos una alternativa garantía de pago.

¿COMO RECLAMAMOS UN IMPAGO?

Proponemos la siguiente línea de actuación:

⦁ Mandar comunicación fehaciente al cliente a fin de solucionar el impago de manera amistosa, de esta forma romperemos la prescripción legal de la posible reclamación judicial (1 año con carácter general).

⦁ Si la situación se prolonga recomendamos retener las garantías económicas depositadas incluso efectuando embargos preventivos, siempre y cuando resulte posible.

⦁ Interponer demanda de reclamación de cantidad ante los Tribunales de Justicia.
Recomendamos plantear un procedimiento monitorio para la reclamación de deudas vencidas y exigibles, que es el de tramitación más rápida.
De esta forma si el deudor no se opone o no contesta la demanda en los 20 días fijados por el 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juzgado emitirá titulo ejecutivo y podremos despachar ejecución frente al patrimonio del deudor.

Un mecanismo que puede resultar efectivo es la comunicación al deudor de que se solicitará concurso de acreedores necesario (el que solicita un acreedor) lo que podrá dar lugar a la formulación de la sección sexta del concurso, correspondiente a la calificación concursal. En este supuesto la culpabilidad resultará más que probable, lo que derivará en la responsabilidad los administradores sociales y la obligación de asumir de forma personal las deudas adquiridas por la sociedad.
Por lo que la limitación de responsabilidad que ofrece el formato societario, desaparecerá y que su administrador responderá de acuerdo a la responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil Español, con sus bienes presentes y futuros.

Si bien en las presentes líneas tratamos de definir unas pautas para evitar impagos y reclamar estos con ciertas garantías, es más que recomendable asesorarnos convenientemente para cada operativa concreta, incluso fijar un protocolo de actuación interno que prevea estas situaciones de impago que devienen tan perjudiciales como incomodas.

Felipe Serrano Pérez abogado y socio fundador International Transport Lawyers

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