Repercusiones de «Ley del plástico» en la esfera del comercio internacional

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Aunque la legislación europea sigue avanzando hacia un modelo de
sostenibilidad, todavía nos queda mucho camino por recorrer a nivel mundial.
En 2022, el legislador español hizo un pequeño paso en busca de esa arca
perdida, sacándole una sonrisa al fisco estatal a través de la transposición de
una Directiva Europea, la 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos.

No obstante, los resultados todavía son indeterminados y deben ser
analizados, de manera detallada, en el lustro siguiente, siempre con un ojo
puesto en la famosa Agenda 2030, la cual persigue una Europa verde y, la
cual, exigirá una transformación de los modelos de negocio durante esta
década.
Entrando ya en materia de normativa, si leemos la exposición de motivos de
La Ley 7/2022, del 8 de abril, vemos que su objeto principal es sentar los
principios de la economía circular, a través de la legislación básica en materia

de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y
proteger el medio marino.
El quid de la cuestión, en materia de comercio internacional, lo encontramos
regulado en su título VII, dónde se establecen una serie de medidas para
incentivar la economía circular y entre las cuales, podemos encontrar un
impuesto especial sobre envases no reutilizables.
Este tributo, lo podemos presentar al púbico como “un nuevo compañero” del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA/ VAT) y Arancel (DUTY) en el
momento de realizar una importación, y es que el mismo quedará grabado
en la casilla 47 del DUA (lugar donde se especifican el cálculo de tributos) y
deberá liquidarse fiscalmente mediante el modelo 592.
Transcurrido ya más de un año desde su entrada en vigor, podemos
contemplar que se trata de un tributo de cuantía pequeña (0,45 euros por
kilogramo neto de plástico no reciclado), pero con una burocracia interna
bastante considerable.
Vista una breve introducción sobre la naturaleza del impuesto, vayamos a
analizar una serie de problemáticas que sigue suscitando el propio, pues por
ejemplo, en caso de adquisiciones y transformaciones sucesivas (proveedor
del plástico- fabricante-comprador/exportador), se hace complicado justificar
que se ha satisfecho el impuesto por parte del proveedor del plástico y así
solicitar la devolución al llevar a cabo una exportación, ya que existen
distintas relaciones jurídicas independientes.
Otro punto espinoso, es examinar si la imposición de un tributo es suficiente
para frenar el uso del plástico, o bien, preguntarse si el mismo ha entrado en
vigor en el momento adecuado, puesto que cualquier detalle en materia de
costes puede dejar nuestro negocio en fuera de juego, y claro está que
satisfacer más dinero al fisco no ayudará en absoluto al desarrollo del mismo.
Es más, el propio legislador, divide también el plástico importado entre
reutilizable, el cual, no quedaría sujeto al tributo y reciclado, en este caso,
estaría sujeto pero exento. En este último caso, a partir de este año, se exige
al sujeto pasivo un certificado por una entidad acreditada (ENAC).

Ante todas estas dificultades burocráticas y de certificación, la gran mayoría
de empresas suelen optar declararlo todo como no reciclable y satisfacer este
tributo de manera íntegra, sin rechistar y sin plantearse si la cuantía a
satisfacer incrementará en unos años.
Por lo comentado, queda patente que estamos antes en la rampa de salida
hacía una nueva legislación muy exigente, enfocada esencialmente hacia la
responsabilidad objetiva de la empresa en materia de contaminación,
independientemente del lugar donde decida producir; al fin y al cabo, mundo
solo hay uno y debemos quitarnos la venda de los ojos a nivel global,
concienciarnos y cuidarlo al máximo para asegurar la perpetuación de la
especie humana.

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