¿Sabes que pagar los transportes tarde sale caro? El abogado te responde

A lo largo de este 2023 una gran cantidad de empresas cargadoras han sido sancionadas por parte de la Dirección General de Transporte Terrestre por exceder de los 60 días de plazo para el pago de los servicios de transporte contratados.

Esta “morosidad “viene siendo una tendencia generalizada en el sector del transporte de mercancías por carretera en los últimos años, que presenta un promedio de pago superior a los 80 días, y en determinados casos supera los 120 días de demora desde el traslado de la correspondiente factura. 

Cabe señalar que estos diferimientos de pago afectan al “cash flow” de las empresas transportistas cuya naturaleza en la mayoría de casos responde a un modelo de PYME y una media de vehículos disponibles es inferior a los 4 camiones.

El mercado del transporte sigue un modelo marcado por la existencia de gran cantidad de empresas, pero con una capacidad de carga y negociación muy limitada, es por ello que las consecuencias de estas demoras en el pago se extienden irremediablemente a todo el sector afectando a proveedores y resto de servicios asociados.

De acuerdo a las informaciones proporcionadas por la Comisión Europea esta situación de morosidad genera una de cada cuatro situaciones de insolvencia de las empresas con sede fiscal en la U.E., lo que motivó la aprobación de la Directiva 2000/35/CE., Por ello con ánimo de trasponer esta normativa e incorporarla al Ordenamiento español fue aprobada la Ley 3/2004, de 29 de diciembre cuyo artículo 4 establecía un plazo general de pago de 30 días naturales y un periodo máximo de 60 días desde la prestación del servicio. 

A pesar de la rotundidad con la que esta ley fijaba los plazos máximos de pago, presentaba un defecto esencial al no incorporar medidas reales que desincentivaran la demora en los pagos y penalizaran realmente a las empresas que pagasen por encima a los 60 días. Por ello y con ánimo de revertir esta situación definitivamente, fue aprobada la Ley 13/2021 “para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera” que incorpora estas demoras al régimen sancionador de la Ley de Ordenación de transportes y establece sanciones a las empresas que superen el límite máximo de pago de 60 días

Con ánimo de arrojar algo de luz al contenido de estas leyes efectuamos un pequeño resumen para que resulte de sencilla comprensión para el lector: 

¿Cuál es el plazo general para abonar una factura? ¿Los transportistas tienen alguna obligación?  

De acuerdo al artículo 4.1 de la LEY 2/2004, ante la inexistencia de un pacto entre cargador y transportista, el plazo ordinario para la satisfacción de las facturas es de 30 días naturales desde la fecha de prestación de los servicios de transporte, que se entenderá finalizado una vez entregadas las mercancías. En el caso de que cargador y transportista efectúen un acuerdo expreso que establezca un plazo de pago superior en ningún caso podrá superar los 60 días para su satisfacción desde que hubieran sido prestados los servicios bajo la consideración de  “nulo” o “no puesto” cualquier acuerdo que fije un plazo superior a este umbral.

Si bien el mismo artículo hace referencia a una obligación expresa del transportista de trasladar la factura al cliente antes de los 15 días naturales desde que hubiera sido prestado el servicio, esta obligación resulta independiente al deber de pago por parte del cargador sobre el que recaerá la obligación de abonar la cantidad del servicio, lo que a nuestro parecer resulta poco lógico y razonable.

¿Cuándo opera el régimen sancionador previsto en la Ley 13/2021? 

El régimen sancionador opera en el caso de que el pago de los servicios se efectúe al transportista con un plazo superior a los 60 días desde que se hubiera prestado el servicio.

Por lo general es la propia administración la que suele requerir a la empresa transportista para que informe y traslade la documentación de sus portes, detecta la situación de morosidad y abre expediente sancionador frente al cargador o contratante del servicio; cabe puntualizar que la Ley del contrato de transporte terrestre considera al transitorio como un cargador respecto al transportista a pesar de que su intervención sea la de intermediario entre cliente y proveedor.

También es conveniente señalar que estos incumplimientos son fácilmente detectables por parte de la administración en cuanto el 68% de los pagos se efectúan mediante transferencia bancaria, el 27% se efectúa mediante confirming y únicamente el 4% se efectúa mediante pagarés, así como el 1% mediante cheques.

¿A cuánto ascienden las sanciones?  

Se aplica un régimen de sanciones de carácter gradual en función del valor de la factura; reincidencia en la sanción; y puede verse agravada cuando la conducta afecte significativamente a la solvencia económica del transportista, como vemos a continuación:

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Finalmente, es de mención  que la Dirección General de Transporte Terrestre viene aplicando una reducción del 30% del importe para los sancionados que abonen la multa en periodo voluntario (inferior a 30 días naturales desde que se comunique el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador).

Como puede verse en el último Observatorio de Morosidad elaborado por FENADISMER, durante los últimos 6 meses se ha reducido significativamente estos plazos de pagos, por lo que parece que esta tendencia viene incentivada por el miedo a las sanciones que hemos analizado.

La principal problemática a la que se enfrenta la aplicación de estos nuevos supuestos del régimen sancionador, radica en el hecho que un porcentaje elevado de cargadores se encuentra fuera del reino de España, lo que imposibilita la aplicación de sanciones sobre las empresas foráneas y supone un agravio comparativo respecto a las empresas locales.

Por su parte la Comisión Europea ya ha publicado su propuesta de nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad, que previsiblemente incluyan la reducción de los plazos máximos de pago a 30 días desde la emisión de la factura respecto a los 60 días actuales, lo que puede generar verdaderas pesadillas a los departamentos de administración de cantidad de empresas en Europa.

Seguiremos muy pendientes de las nuevas normativas que se aprueben en el próximo año, pues la supervivencia de nuestro modus vivendi depende de ello.

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Autor:  Felipe Serrano Pérez. Fundational partner en International Transport Lawyers

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